Reino Unido reconoce que monitoriza las redes sociales.

La Agencia de Espionaje Electrónico de Gran Bretaña está legalmente autorizada para realizar un seguimiento de las actividades en línea de millones de británicos que utilizan plataformas con base en los Estados Unidos, tales como Facebook, Twitter y Google, afirmó el principal encargado del antiterrorismo británico.

Los datos que se envían a esos servicios se clasifican como comunicaciones “externas” y no “internas”, dado que los servidores de las empresas tienen su base fuera de Reino Unido, señaló Charles Farr, jefe de la Oficina de Seguridad y Antiterrorismo.
Amnistía Internacional calificó el asunto de “intrusión a escala industrial” pero Farr contestó diciendo que esto no equivale a vigilancia masiva dado que la gran mayoría de los mensajes interceptados no son leídos.

La distinción entre las interacciones internas y externas es significativa porque la agencia de inteligencia electrónica británica, GCHQ, tiene amplios poderes para interceptar las comunicaciones fuera del país, pero necesita una orden y la sospecha de mala conducta para controlar el tráfico nacional de Internet.

Utilizar una definición amplia de lo que constituyen comunicaciones “externas” aumenta la cantidad de datos que la GCHQ puede recoger y que incluyen las actividades cotidianas de millones de usuarios británicos de Internet.

En la primera explicación pública de las reglas utilizadas por los ciber-espías británicos, Farr dijo que los correos electrónicos enviados entre dos personas en Gran Bretaña por lo general se clasifican como internas, incluso si viajaban por fuera del país. Pero los mensajes de Facebook y Twitter o búsquedas en Google o YouTube que fueron a los centros de datos fuera de las islas británicas caerían bajo la categoría de externos.

Farr aseguró que la información conseguida de esta manera “no puede leerse, verse o escucharse” excepto en circunstancias estrictamente limitadas. Existen reglas para limitar la forma en que los datos recolectados se pueden buscar y cuánto tiempo se pueden mantener, pero los detalles completos de los reglamentos no se han hecho públicos.

“Es importante tener en cuenta la distinción significativa entre el acto de interceptación en sí, y que alguien realmente lea, mire o escuche el material interceptado”, explicó Farr.

El Ministerio del Interior británico confirmó que el documento era auténtico. Esta declaración se escribió en respuesta a una acción legal llevada a cabo por varios grupos defensores de las libertades civiles como Amnistía Internacional, Liberty, Privacidad Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles. Los propios grupos involucrados en frenar el espionaje informático publicaron la declaración.
James Welch, director legal de Liberty dijo que el documento de Farr revela que las agencias de inteligencia británicas “están operando en un vacío legal y ético”

“Si había alguna duda de que nuestras leyes de espionaje necesitan una revisión radical, ahora ya no la hay” añadió.

(Tomado de CIO)

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