Durante los recientes años de estancamiento económico los grandes sectores empresariales de Brasil decidieron acabar con la colaboración con el gobierno establecida durante el alza de la economía carioca durante la presidencia de Lula y su programa de bienestar social que benefició a las masas populares y empezaron a conspirar para proteger sus propios intereses y los de su aliado de clase: Estados Unidos.
La presidenta Rousseff se dirigió en busca de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de EEUU. Y de la directora de la institución financiera Christine Lagarde recibió consejos de aplicar recetas neoliberales y a comienzo de 2015 la alta ejecutiva, considerada una de las mujeres más poderosa del mundo, felicitó al ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, por aplicar sabiamente el recorte fiscal, aumento de tasas de interés y devaluación de la moneda siguiendo las pautas del fondo.
Pero a principios del presente año la Lagarde declaró que «la situación en Brasil es preocupante. Soplan vientos muy, muy fríos». Sin reparar que esos vientos gélidos fueron consecuencias en gran medida de sus consejos
La presidenta tuvo que sustituir a su ministro de Hacienda disciplinado cumplidor de las orientaciones del FMI, pero el daño estaba hecho y también grandes sectores de la población fueron afectados por esas terapias de choque y la base de apoyo del Partido de los Trabajadores al gobierno se vio reducida.
Esas fueron condiciones ideales para que los poderes reaccionarios coaligados a los intereses de EEUU iniciaron su ofensiva en toda la línea aprovechando la crisis económica del modelo de desarrollo brasileño para aplicar un nuevo capítulo de la doctrina del llamado “golpe suave” que llevaría al “impeachment” que separó del cargo por seis meses a la mandataria con la complicidad de la mayor parte de la corrupta clase política que recibió la consigna del norte de acabar con el experimento democrático y popular en Brasil .