Trump busca disuadir a los personas que intentan ingresar irregularmente al territorio, pero su decreto fue suspendido ante una posible violación de una ley de 1965.
La administración del presidente Donald Trump solicitó el martes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que le permita imponer una prohibición de otorgar asilo a inmigrantes ilegales, luego de sufrir dos reveses en los tribunales inferiores.
El Departamento de Justicia le señaló al tribunal superior que la prohibición, anunciada por Trump el 11 de noviembre pasado, debía aplicarse de inmediato para disuadir a miles de centroamericanos que ahora se encuentran en la frontera sur del país de ingresar ilegalmente en busca de asilo.
«Estas medidas están diseñadas para canalizar a los solicitantes de asilo a los puertos de entrada, donde sus solicitudes pueden procesarse de manera ordenada; impedir los cruces fronterizos ilegales y peligrosos; y reducir la acumulación de solicitudes de asilo sin mérito», sostiene la petición, presentada a nombre de Trump.
Once días después de que Trump anunciara la controvertida decisión, el juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, emitió una orden de restricción temporal contra su implementación, mientras el caso completo enfrenta acciones legales.
Grupos de derechos humanos argumentan que la orden federal violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que establece que cualquier extranjero que arribe a Estados Unidos, «ya sea o no por un puerto designado de llegada», puede solicitar asilo.
El Departamento de Justicia apeló la orden de restricción judicial. Pero el viernes, un tribunal de apelaciones se puso del lado del tribunal inferior contra la ejecución de la norma, diciendo que la prohibición de Trump estaba en desacuerdo con la ley ya existente.
Según la proclamación presidencial, la limitación podría ampliarse hasta la firma de un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes que cruzan ilegalmente.
El propio Trump criticó al magistrado federal de California que lleva el caso, al que acusó de ser un «juez de (el ex presidente Barack) Obama», lo que provocó un inédito comunicado público del jefe del Tribunal Supremo, John Roberts, recordando la imparcialidad judicial.
Tomado de: Cubasi
Cuba por Siempre 
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