Por Daniel de la Osa Camacho
Alcanzar un alto nivel de participación de nuestros ciudadanos en los procesos de toma de decisiones políticas siempre ha sido uno de los principales objetivos de todo organismo gubernamental, de manera que se estrechen los lazos entre los representantes y sus representados.
Una situación que encara este precepto es la que tendrá lugar el próximo 24 de febrero, día en que el pueblo de Cuba ejercerá su derecho al voto en Referendo Constitucional, en demostración de la confianza y compromiso de este con la Revolución. En este caso la participación electoral resulta ser la clave para obtener una Ley de leyes más justa, democrática y lo más acorde con la realidad existente en nuestro país. Pero, ¿qué es la participación electoral?
La participación electoral es una forma convencional de la participación política que garantiza la calidad y legitimación de toda democracia. Tiene un significado social, pues está mediada por una cultura (tradiciones), actitudes, motivaciones y circunstancias compartidas por una sociedad que se incluye e integra desde el principio hasta que sale el resultado final de un proceso electoral o de gobierno, que afecta a todos sus miembros y le otorga a dicho proceso un carácter igualitario. Es asimismo, un derecho cívico y constitucional de los ciudadanos, por lo que posee un carácter voluntario.
Aunque se genera por el propio individuo, en un acto de conciencia, son los organismos electorales, los encargados de promover la participación electoral, la cual es un requisito funcional constitutivo de cualquier sistema democrático. Dichos organismos deben ofrecer credibilidad y transparencia al proceso y fomentar el compromiso de los ciudadanos con el sistema político.
En cuanto a los principios que rigen el ejercicio del voto en los referendos, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que este sufragio activo es un momento que garantiza la legitimidad democrática de cualquier sistema político y como tal debe ser universal (sin ningún tipo de restricción), directo (sin intermediación de candidatos), secreto y significativo (que su resultado incida en cómo se distribuye el poder político).
En el caso de Cuba todos estos aspectos constan en la Ley Electoral o Ley No.72, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el año 1992, que establece los principios bajo los que se desarrolla el proceso electoral cubano.
Nuestro país históricamente ha sido ejemplo de participación electoral y de muestra consagrada de su pueblo con su sistema político y la democracia socialista. Desde el año 1976 en adelante, la participación en las votaciones electorales de los electores registrados fue en su mayoría mayor del 95 %. El próximo 24 de febrero nos haremos eco de esta tradición.
Cuba por Siempre 
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