Un hombre sostiene un letrero en la ventana de la embajada venezolana en Washington. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters.
El pasado 13 de mayo cerramos el día con un nuevo zarpazo a la institucionalidad y el Derecho Internacional. El gobierno de los Estados Unidos, representado en la Policía Metropolitana de Washington, irrumpió ilegalmente y por la fuerza en la embajada de Venezuela en esa capital.
El objetivo: ocupar la sede y sacar de allí al “Colectivo de Protectores de la Embajada”, grupo de activistas estadounidenses que resguardan el edificio desde mediados de abril y abogan por una protección acorde al Derecho Internacional.
La primera gran violación que salta a la luz es el documento de “desalojo” que entregaron los policías, carente de membretes, firmas u otro elemento distintivo de la oficialidad. En Estados Unidos, según sitios de orientación legal disponibles en Internet, cualquier acción de desalojo, incluso a un simple arrendador de una vivienda, contempla cuando menos la intermediación de un juez, lo cual en este caso ni siquiera eso pudo inventarse.
Cuando se lee la “orden de desalojo” resulta evidente que está basada en un invento de los venezolanos conspiradores, con lo cual han pasado por alto la tan pavoneada Ley y Orden en Estados Unidos.
El documento de marras justifica el violatorio accionar mediante el cual el Gobierno de EE.UU. reconoce como legítimo al gobierno fantasma de Juan Guaidó, razón por la cual todas las personas dentro de la sede diplomática deberían abandonar el recinto y se les amenaza que, de rehusarse a salir, “estarán violando la ley federal y del distrito de Columbia, y podrían ser arrestados y procesados criminalmente”.
¿A qué Ley Federal se refiere, si el Derecho Internacional, en especial la Convención de Viena para relaciones diplomáticas, norma jurídica superior, es clara para situaciones de este tipo?
No se debe olvidar que la embajada venezolana continúa siendo territorio soberano de ese país, a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Nicolás Maduro y el gobierno que encabeza son reconocidos por cerca de 150 naciones y organismos internacionales, entre los que se incluyen la Organización de Naciones Unidas. Mientras, el infame de Juan Guaidó es apenas apoyado por 54 países, cómplices de Estados Unidos.
Las personas que hoy llevan 34 días protegiendo esa legación diplomática cuentan con la autorización del gobierno legítimo de Venezuela. A finales del pasado mes de abril, el canciller Jorge Arreaza aseguró en una rueda de prensa que es bienvenida la ayuda del grupo. “Es una acción preventiva que ellos tomaron, y nosotros la apoyamos”, indicó Arreaza.
El Colectivo de Protección de la Embajada emitió el 13 de mayo un memorándum al Departamento de Estado, en el que plantean que “Este es el día 34 de nuestra vida en la embajada de Venezuela en Washington, DC. Estamos preparados para permanecer otros 34 días, o por el tiempo que sea necesario para resolver la disputa de la embajada de manera pacífica y coherente con el Derecho Internacional”.
La mencionada Convención de Viena, del 18 de abril de 1961, es clara y categórica en este aspecto. En su artículo 45 señala que “En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal: el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos”.
El artículo 22 es tajante: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento”.
Debe señalarse que la Convención de Viena es un tratado internacional, por lo que resulta una norma jurídica vinculante y de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo firman. Estados Unidos forma parte de las 190 naciones que están suscritas a este pacto.
Acorde al propio Derecho Internacional, el Colectivo de Protectores de la embajada venezolana proponen también en su memorándum que “La salida de la embajada que mejor resuelve los problemas en beneficio de los Estados Unidos y Venezuela es un Acuerdo de poder de protección mutuo. Estados Unidos quiere una Potencia Protectora para su embajada en Caracas. Venezuela quiere una Potencia Protectora para su embajada en DC. Tales acuerdos no son infrecuentes cuando se cortan las relaciones diplomáticas.”
Y no dejan de tener razón. Recordemos que cuando Estados Unidos decide romper relaciones diplomáticas con Cuba, en el año 1961, los edificios de las respectivas embajadas quedaron a cargo de Checoslovaquia en el caso de la sede cubana, y de Suiza para la estadounidense en La Habana.
Así estuvieron hasta 1977, cuando durante el gobierno de Carter se dio un paso en la normalización de las relaciones entre los dos países y se establecieron las Oficinas de Intereses en cada una de las capitales, bajo la operatoria de las mismas naciones. Para el 2015, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, ambos edificios restablecerían sus funciones como Embajadas.
Pero a pesar de que todo está muy bien estructurado en el orden mundial para la resolución pacífica de las diferencias entre los Estados, el estilo marcado por Donald Trump desde que asumió la presidencia en enero del 2017 indica que poco le importan a él los compromisos internacionales.
En casi dos años y medio de mandato, Trump se ha desvinculado de varios e importantes tratados internacionales. Sus acciones revelan un desprecio por el multilateralismo y el consenso internacional, apostando siempre por imponer los intereses de su país.
Al final ese fue el lema de su campaña “América Primero”, el cual está decidido a cumplir aunque para ello tenga que desalojar el Derecho Internacional.
Cuba por Siempre 
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