Autor: Israel Valdés Rodríguez
Aprendimos a defendernos.
La situación política, económica y social del país al tomar el poder los revolucionarios, era muy difícil. Era necesario eliminar de inmediato el aparato burocrático militar del Estado burgués, representativo de la oligarquía dominante y aliado al imperialismo. Por primera vez en la Historia de Cuba asume el poder una fuerza cuyo quehacer se inspira en los intereses de las clases y sectores trabajadores de la sociedad. De inmediato comenzó a trabajarse en el proyecto nacional liberador planteado en el “Programa del Moncada.” Grosso modo, las primeras medidas del Gobierno Revolucionario fueron:
Disolución de los órganos de poder. Se dictó la Ley Fundamental de la República. El Gobierno se ejerció por un Consejo de Ministros con plenas facultades ejecutivas y legislativas. Se inició la creación de un aparato estatal que respondiera a los cambios revolucionarios. Tarea de primer orden fue hacer justicia a los criminales de guerra y torturadores. Confiscación de todos los bienes malversados por los funcionarios y cómplices del régimen de Fulgencio Batista.
Se disolvieron el ejército de la dictadura, la Policía Nacional, la Policía Secreta, el Buró para la Represión de Actividades Comunistas (BRAC), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), las bandas paramilitares y otras entidades represivas de la tiranía. Su lugar fue ocupado por el Ejército Rebelde, la Policía Nacional Revolucionaria y otros órganos surgidos en función del orden público, la seguridad del país y la defensa de la Revolución contra sus enemigos. Se canceló la misión militar norteamericana que había asesorado al ejército de Batista.
Rebaja de los alquileres de las viviendas, de las tarifas eléctricas y telefónicas y otras que fueron tomadas en función de la redistribución de los ingresos. Intervención del Estado en las empresas donde se incumplían las leyes revolucionarias y existían conflictos con los trabajadores. Se limpió la administración del Estado de elementos corruptos, ladrones, “botelleros” y malversadores de los bienes públicos, que se habían enriquecido con la miseria del pueblo y al amparo de una dictadura que dejaba al país con una deuda pública de mil trescientos cincuenta millones de pesos.
En las primeras oleadas de elementos que abandonaron precipitadamente el país se llevaron (robaron) millones de pesos y que fueron a parar a las arcas del capital bancario norteamericano. El 6 de febrero de 1959 un informe del Banco Nacional de Cuba consigna el depósito en bancos norteamericanos de 424 millones de dólares, robados por cabecillas batistianos. Ni un solo centavo fue devuelto a la República de Cuba.
Por ejemplo, Fulgencio Batista llegó a amasar una fortuna personal calculada en unos 300 millones de pesos y que en su huida se llevó en voluminosas maletas hacia el exterior.
A partir del triunfo de la Revolución se implementó un grupo de medidas dirigidas al rescate de la soberanía nacional y el establecimiento de la justicia social. Durante el mes de febrero de 1959 se intensificó el proceso de confiscación de los bienes malversados al erario público por Batista y sus aliados, los cuales se transfirieron al Estado cubano, como un elemental sentido de justicia.
La Ley No. 122 del 3 de marzo autorizó la intervención de la Cuban Telephone Corporation, monopolio estadounidense vinculado a oscuros negocios con la tiranía. El proceso culminó el 6 de agosto de 1960, mediante la Resolución No. 1, al amparo de la Ley No. 851, que dispuso la nacionalización, por vía de expropiación forzosa, de todas las empresas y bienes de la Compañía Cubana de Electricidad y de la Cuban Telephone Co.
El 10 de marzo se rebajaron en un 50% los alquileres de las viviendas, lo que benefició a la población y contrarió a los círculos burgueses asociados al negocio de la vivienda. El 20 de marzo se rebajó el precio de los medicamentos y se desarrollaron proyectos dirigidos a garantizar la salud pública gratuita. Se aumentó el presupuesto para el sector y se aceleró la formación de médicos, estomatólogos y enfermeros.
Hasta las playas de Cuba eran de propiedad particular. La playa de Varadero era el lugar de veraneo de la burguesía cubana. También la playa Santa María del Mar. Tarará, era una playa de dos kilómetros de punta de Bacuranao, al norte de la provincia de Ciudad de La Habana. Era un reparto privado, cerrado totalmente por su dueño, el industrial norteamericano Royal Silvester Webster Ferguson, lugar exclusivo para el que poseyera un lote de terreno o una vivienda allí. También existía una pequeña playa particular del hacendado y político Viriato Gutiérrez Valladón, situado al oeste de la Ciudad de La Habana, en las cercanías de Jaimanitas. Era conocida como Playa Viriato.
El 21 de abril se tomó la medida decisiva contra el exclusivismo y la discriminación racial y social en las playas, cuando por la Ley No. 270, se declararon de uso público las costas y playas de la nación. Las playas quedaron abiertas para el pueblo. La primera playa con servicios populares fue Bacuranao, que se inauguró el 13 de junio de 1959. Ese mismo día se inauguró la playa El Salado.
Realmente antes de 1959, Cuba estaba fragmentada en pedazos. El país era de propietarios, mayoritariamente, de cubanos y norteamericanos. El ejemplo más ilustrativo es el que a continuación narramos.
La ejemplar heroína cubana Celia Sánchez Manduley y su padre Manuel Sánchez Silveira después de innumerables trámites y diligencias lograron develar, el 19 de mayo de 1953, un busto de José Martí, en el punto más elevado de la isla de Cuba, pero antes tuvieron que pagar cierta suma de dinero por el espacio de terreno donde se erigió el pedestal. Es decir, hasta El Pico Real del Turquino tenía dueño
Pero el pueblo aprendió a defender su Revolución. Fidel nos enseñó.
Continuará…
Cuba por Siempre 