La posibilidad real de un juicio político contra Donald Trump eleva al clímax la impopularidad nacional e internacional del presidente de Estados Unidos, mientras varios representantes de su política en Latinoamérica afrontan crisis económico-sociales que ponen en peligro a sus respectivos gobiernos.
El “impeachment”, como se le llama al proceso en la nación norteña, se visibiliza cada vez más en declaraciones de legisladores, gobernantes y testigos dispuestos a declarar contra el jefe de la Casa Blanca, en tanto, más allá de sus fronteras, países como Ecuador, Perú, Argentina y Brasil enfrentan conflictos contra sus políticas neoliberales defendidas por el capitalismo internacional liderado por Washington.
Estadísticas dentro y fuera de Estados Unidos a favor o en contra del juicio, cuyo derecho está consagrado en la Constitución, apuntan, en efecto, hacia la implementación de ese recurso contra violaciones legales del presidente, convocado ahora por tercera vez en la historia del país.
Los dos primeros causaron el rechazo del Senado a la destitución propuesta por la Cámara de Representantes contra los gobernantes demócratas Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, aunque el Congreso inició en 1974 los preparativos de otro juicio a Richard Nixon, pero el presidente republicano presentó antes su dimisión, a causa del escándalo de Watergate.
La conocida firma encuestadora YouGov divulgó días atrás que alrededor del 55 por ciento de la población cree que el camino hacia el recién iniciado juicio político es necesario, mientras que el 45 por ciento estima lo contrario.
Respecto al sector parlamentario, según la citada encuesta, el proceso es refrendado por el 87 por ciento de los demócratas (casi 9 de cada 10); y por el 49 por ciento de los independientes, mientras lo desaprueban el 77 por ciento de los republicanos y el 51 de los independientes.
El debate sobre ese tipo de pesquisa judicial entre la población, liderada por senadores y representantes y respaldada hasta por ciertos funcionarios, evoluciona hace meses en la Unión, después de casi tres años de turbulencias políticas alrededor del controvertido, místico, y hasta siquiátrico presidente.
Esas escaladas del acontecer en la Casa Blanca comprenden mensajes presidenciales en Twitter que insultan a líderes extranjeros; retiros abruptos de pactos internacionales; y cambios inesperados de política, mientras sus funcionarios subordinados dan una orden o expresan algo y él dice o hace lo contrario.
Otras encuestas, entre ellas una del diario The Washington Post y otra de la cadena CNN, coinciden en el creciente aumento del número de personas a favor del juicio, pero la gota que colmó la copa fue cierto desliz pecaminoso sorprendido durante una llamada telefónica de Trump a su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la realización de una investigación formal, después de que una transcripción de esa conversación a distancia entre ambos el 25 de julio reveló que Trump presionó a Zelensky para que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden, su posible rival político en las elecciones de 2020.
El Presidente, como era de esperar, se mantiene “en sus trece” respecto a su negativa de haber delinquido, y tilda de “ridículo” y de “patético” el intento de juicio político.
La última impronta en la búsqueda de información sobre el tema, fue la aceptación este lunes de la exconsejera del presidente estadounidense en temas de Rusia, Fiona Hill, de testificar a puerta cerrada ante paneles de la Cámara de Representantes como parte de la investigación de juicio político contra el mandatario.
Acerca de los líderes latinoamericanos mencionados antes, gendarmes y “ensayistas” de las estrategias económicas y financieras de esas instituciones que propugnan “ayudas” mientras reciben ganancias, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue la más reciente víctima del fracaso de esas recetas, causantes allí de una reacción popular que revocó decisiones del gobernante.
Después de 11 días de pulsada entre el jefe de Estado y el pueblo encabezado por indígenas y campesinos y virtuales batallas campales entre estos y la fuerza pública, que causaron varios muertos y decenas de heridos y detenidos, Moreno tuvo que derogar este domingo el decreto 883 que suprimió los subsidios a los combustibles, cuyas secuelas económicas paralizaron al país.
Un asustadizo presidente durante una reunión ese día entre su ejecutivo y los representantes de los pueblos indígenas y demás sectores populares levantados en calles y plazas, trató primero de convencer con sobreactuadas posiciones y defensas “de principios” y acabó levantando también un toque de queda ordenado por él mismo.
Similares descalabros frente a políticas neoliberales afrontan gobiernos como el de Brasil, Argentina y Perú.
La situación del primero, cuya economía se contrajo en un 0,2 por ciento durante el primer trimestre de 2019 -la primera caída de su Producto Interno Bruto desde 2016-, y el descrédito por las erráticas posiciones y discursos de su presidente, Jair Bolsonaro, se agrava ahora por las revelaciones de fraude en los juicios contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
La crisis peruana, precedida también por una larga pulseada política dentro de las esferas de poder, condujo el 30 de septiembre a la disolución del Parlamento por el presidente Martín Vizcarra, quien convocó a nuevas elecciones legislativas, con el apoyo de sectores castrenses.
Mientras algunos expertos debaten sobre la constitucionalidad de lo ocurrido, otros recuerdan que los niveles de corrupción fueron tales que todos los jefes de Estado peruanos entre 2001 y 2018, incluyendo a Alan García, quien se suicidó el 17 de abril pasado, enfrentaron demandas por pagos ilegales de la constructora brasileña de obras públicas Odebrecht.
La problemática argentina, por otra parte, llevó a perder los sufragios primarios de agosto pasado al presidente ultraderechista y también “experto neoliberal” Mauricio Macri.
El entorno electoral del país austral coloca al candidato peronista Alberto Fernández como favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre, pero nadie puede lograr aún que se alimenten de forma adecuada más del 35 por ciento de los argentinos, y en especial la mitad de sus menores de 15 años.
Cuba por Siempre 