“Mentira, todo es mentira”, decía la jurista cubana Olga Miranda al referirse a la denominación de embargo que usan las autoridades norteamericanas para justificar el bloqueo que desde hace casi 50 años mantiene Estados Unidos contra Cuba.
Aquella mujer bonachona y rechoncha, que perdimos antes de tiempo, dedicó prácticamente toda su vida a estudiar, desde el punto de vista legal, el entramado de regulaciones que conforma una apretada red alrededor de la Isla.
Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional y titular durante tres décadas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la cancillería, la doctora Miranda siempre dijo que era una patraña calificar como embargo a lo que es un bloqueo mondo y lirondo.
A lo largo de casi medio siglo, una decena de administraciones estadounidenses se han empeñado en llamar embargo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba desde el tres de febrero de 1962 en un intento por ahogar a la entonces naciente Revolución Cubana.
Generalmente, se conoce como embargo la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente, pero puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez, tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores.
Sin embargo, Cuba ni es deudora, ni ha cometido delito alguno que autorice el secuestro y liquidación de sus bienes a favor de Estados Unidos, por lo que hablar de embargo es sólo un eufemismo para encubrir un acto de guerra.
Fue el presidente John F. Kennedy quien aprobó el bloqueo a Cuba hace ya casi 50 años, cuando firmó el decreto presidencial 3447 que establecía la prohibición de la importación a Estados Unidos de los productos cubanos y de todas las mercancías desde o a través de la Isla.
Un par de años antes había sido suspendida la venta a Cuba de productos estadounidenses y más anteriormente había cesado la entrega de petróleo, además de que se había reducido drásticamente la cuota azucarera que cada año Estados Unidos compraba en la Isla.
En el empeño por acabar con la Revolución Cubana, Washington apeló al más férreo bloqueo que conozca la historia contemporánea, sin importarle que esa acción constituiría la más flagrante y masiva violación de los derechos humanos de un estado.
Desde la Conferencia Naval de Londres, en 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que el bloqueo es un acto de guerra, por lo que sólo es posible su empleo entre beligerantes.
No existe, por otra parte, norma jurídica internacional que justifique el llamado bloqueo pacífico, una práctica de las potencias coloniales del Siglo XIX y de principios del pasado.
Washington emplea la figura del embargo para no reconocer que nos aplica medidas de tiempo de guerra, sin declarar legalmente la beligerancia contra el pueblo cubano, al que trata de someter por la fuerza.
Lo real y tangible es que la expresión de embargo encubre un entramado de leyes que conforman un oprobioso cerco alrededor de Cuba, por eso Olga Miranda tenía razón: todo es una flagrante mentira.
Fuente: EXCLUSIVO de Cubahora
Cuba por Siempre 