#Bolsonaro: Guerra al pueblo #22Ene

Bolsonaro: Guerra al pueblo

Por  Arnaldo Musa

Lo dejaron llegar al poder, no importa si algunas de las vías fueron ilegales, que encerraran a Lula, que los medios informativos y las redes sociales engañaran a muchos, que el dinero de la oligarquía y de las multinacionales primara y comprara conciencias…


Ahora esa gran masa indígena que no acudió a las urnas está sufriendo las consecuencias de la política neoliberal emprendida por Jair Messias Bolsonaro, que le ha usurpado el 15% de la tierra brasileña que le corresponde para entregárselo a compañías foráneas e intereses burgueses locales que explotarán sus riquezas y ya han empezado a acelerar el envenamiento de las aguas de los ríos principales y secundarios que nacen en la Amazonía, hoy en más peligro que nunca.

Así, declaró la guerra a las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, al paralizar todos los acuerdos bilaterales durante 90 días, lo cual, sin dudas, causará un daño irreversible en los lugares donde están asentadas las entidades explotadoras y cómplices en el descarado robo de las tierras a los indefensos aborígenes.

Según datos de final del 2018, la deforestación en Brasil aumentó un 13,7%, el mayor en casi una década. Los indígenas viven en condiciones precarias en zonas rurales en donde apenas impera la ley. En el 2017, asesinaron en el país a 46 defensores del medio ambiente.

Pero esto no interesa a Bolsonaro, quien con política de miedos y la anuencia judicial tiene el camino expedito para acabar con cualquier muestra de descontento con su desgobierno.

Pero no podía esperarse otra cosa de un individuo que antes de asumir la presidencia ya había anunciado que pondría fin a la presencia de médicos cubanos en Brasil, mediante el programa Más Médicos, ideada por Dilma Rousseff, mandataria depuesta ilegalmente por un contubernio de la ultraderecha encabezado por el traicionero vicepresidente en ese entonces, Michel Temer..

Y sólo en la primera semana de su gobierno, Bolsonaro dictó 50 medidas antiobreras, bajo el pretexto de desbloquear la economía, señalando el papel de la oposición y las direcciones sindicales, y hasta donde era permitida la lucha de los trabajadores.

EMPEORAN LOS POBRES, MEJORAN LOS RICOS

Declaró como una prioridad aumentar la edad de jubilación a 62 años, reducir el subsidio a personas mayores y discapacitados y atacar la jubilación de los trabajadores rurales. Es decir, un plan para aumentar la miseria de los más pobres y mejorar la vida de los empresarios.

Ya aprobó también por decreto la reducción del salario mínimo, por debajo del que había votado la comisión parlamentaria del Congreso, enviado por Temer, y la privatización de empresas estatales (Electrobras, puertos y aeropuertos, entre otros).

La lista de ataques continúa: quieren avanzar en aplicar una reforma laboral más profunda, acabar con la Justicia de Trabajo y el convenio colectivo, destruir los derechos de los pueblos originarios y los negros, entregando sus tierras a los latifundistas.

Con la creación del Ministerio de la Mujer, la Familia y de los Derechos Humanos, dirigido por la reaccionaria pastora evangélica Damares Alves (que incluso está siendo investigada por la posible implicación de su ONG en el tráfico de personas), Bolsonaro también retiró a las personas homosexuales de las directrices de los Derechos Humanos.

El punto más alto de todos estos ataques es la reforma de las pensiones. Tanto el ministro de Economía Paulo Guedes como Bolsonaro comenzaron a anunciar una serie de ataques parciales que terminarían en un desmantelamiento total del sistema jubilatorio. Estas medidas implican la burocratización de los trámites para el acceso a prestaciones de seguridad social, el relevamiento de los subsidios estatales, el recorte de los beneficios para las personas mayores y discapacitados, entre otros, que se están llevando a cabo por medio de medidas provisionales, que les permite avanzar en la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.

Para el primer semestre pretenden poner a votación el texto completo de una reforma, que incluiría una edad mínima de 62 años. Una edad a la que ni siquiera llega todo un sector de los trabajadores empleados en trabajos precarios y superexplotados. Es decir, significaría que una parte de los brasileños trabajen hasta morir, sin posibilidad de gozar jamás de una jubilación (ni hablar de una que además sea digna).

El ritmo de los ataques es acelerado, pero a pesar de poder parecer que la velocidad tiene que ver con el apoyo de diversos medios pudientes a la administración fascistoide, numerosos analistas concuerdan en que no todos los electores de Bolsonaro le dieron un  cheque en blanco para que hiciera de su elección un instrumento de guerra al pueblo.

 

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